El Noveno Circuito: el Gobierno no puede detener a personas no ciudadanas en el interior del país sin una audiencia de fianza

El 30 de julio, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emitió una decisión que va en contra de una de las políticas de detención más importantes del gobierno de Trump. El fallo también profundiza un desacuerdo cada vez mayor entre las cortes federales de apelaciones sobre este tema.

El caso se llama Rodriguez Vazquez v. Bostock. La pregunta legal es sencilla de plantear, pero tiene enormes efectos en la vida real: si ICE arresta a alguien que entró al país sin autorización hace años, y esa persona vive actualmente dentro de Estados Unidos, ¿tiene derecho a una audiencia de fianza? ¿O puede el gobierno detenerla sin ninguna posibilidad de liberación mientras su caso avanza?

El cambio de política que lo inició todo

Durante unos 30 años después de que el Congreso reformara la ley de inmigración en 1996, el gobierno trató a los inmigrantes que habían entrado sin autorización — y que eran arrestados dentro del país — bajo una sola ley: el 8 U.S.C. § 1226(a). Esta ley permite la detención, pero también permite que un juez de inmigración libere a la persona bajo fianza, siempre que no represente un riesgo de fuga ni un peligro para los demás.

Una ley distinta, la § 1225(b)(2)(A), exige la detención sin ninguna posibilidad de fianza. Durante décadas, todos entendieron que esta segunda ley se aplicaba únicamente a las personas detenidas en la frontera mientras intentaban entrar al país.

Ese entendimiento se mantuvo igual tanto en gobiernos republicanos como demócratas, hasta julio de 2025. Fue entonces cuando ICE emitió nuevas directrices que cambiaron la regla. Según la nueva directriz, solo los inmigrantes que habían sido admitidos formalmente en el país, y que después se volvieron removibles, seguirían teniendo derecho a fianza. Todas las personas que habían entrado sin autorización —sin importar cuánto tiempo hubiera pasado, ni cuánto tiempo llevaran viviendo en Estados Unidos— pasarían a ser tratadas como alguien que está “buscando ser admitido”. Eso significaba detención obligatoria, sin fianza, bajo la § 1225(b)(2)(A). Dos meses después, la Junta de Apelaciones de Inmigración respaldó esta nueva interpretación en un caso llamado Matter of Yajure Hurtado.

El efecto fue inmediato. Los jueces de inmigración, incluidos los de Tacoma, Washington, comenzaron a negar la fianza a toda una categoría de personas que — apenas semanas antes — habrían podido ser liberadas mientras su caso estaba pendiente.

El demandante y el grupo que representa

El demandante principal, Ramón Rodríguez Vázquez, entró a Estados Unidos sin autorización en 2009. En 2025 fue arrestado y colocado en un proceso de expulsión. Un juez en Tacoma le negó la fianza conforme a la nueva regla. Él y otras personas detenidas en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste (Northwest ICE Processing Center) demandaron. Un juez federal de distrito aprobó el caso como una demanda colectiva (class action) y falló a su favor. (Rodríguez Vázquez luego decidió salir voluntariamente de Estados Unidos en lugar de seguir litigando su propio caso, pero la demanda colectiva continuó sin él).

Para cuando el Noveno Circuito escuchó esta apelación, casos similares ya se estaban dando en cortes de todo el país. Según la opinión de la corte, más del 90% de los jueces de distrito que analizaron esta pregunta fallaron a favor de los inmigrantes detenidos, no del gobierno. Miles de personas habían presentado peticiones solicitando su liberación.

Lo que decidió la corte

Dos de los tres jueces del panel estuvieron de acuerdo: una decisión de 2 a 1. El juez Daniel Bress escribió la opinión mayoritaria. Determinó que los inmigrantes arrestados dentro del país, sin admisión previa, siguen estando cubiertos por la § 1226(a) — es decir, tienen derecho a una audiencia de fianza. No están cubiertos por la regla sin fianza de la § 1225(b)(2)(A). La jueza M. Margaret McKeown estuvo de acuerdo con él. El juez Carlos Bea disintió.

La mayoría basó su decisión principalmente en el texto, la estructura y la historia de la ley, más que en preferencias de política pública. Señalaron que la § 1225(b)(2)(A) se aplica a alguien que está “buscando admisión” (seeking admission) — un lenguaje que, en su opinión, describe a una persona en la frontera, no a alguien que ya ha estado viviendo en el país, a veces durante muchos años. Los jueces también hicieron un señalamiento de sentido común: si el Congreso realmente hubiera querido exigir la detención sin fianza para potencialmente millones de personas que ya están dentro del país, parece poco probable que ese cambio hubiera pasado desapercibido durante los siguientes 30 años. En palabras de la propia corte, la nueva postura del gobierno implicaría que el Congreso “hizo un cambio importante en las leyes de inmigración” en 1996 que luego “pasó desapercibido y sin aplicarse” durante tres décadas. La mayoría también concluyó que la interpretación del gobierno dejaría sin sentido otras partes de la ley de detención, incluida una que el Congreso aprobó apenas el año pasado.

El voto disidente del juez Bea interpretó las mismas palabras de manera distinta. Señaló que el Congreso definió a cualquier persona presente sin admisión como una “solicitante de admisión” (applicant for admission) — y que, en el uso normal del inglés, una solicitante de admisión es alguien que está “buscando la admisión”. Argumentó que esta lectura se ajusta mejor al propósito de la ley de 1996, que era tratar de la misma manera a todos los inmigrantes presentes de forma ilegal. También consideró que la mayoría le estaba exigiendo al Congreso un nivel de claridad inusualmente alto antes de aceptar la interpretación del gobierno.

Una división entre las cortes que podría llegar a la Corte Suprema

El Noveno Circuito es ahora la sexta corte de apelaciones en pronunciarse sobre esta pregunta, y las cortes están claramente divididas. El Quinto y el Octavo Circuito se pusieron del lado del gobierno. El Segundo, el Sexto, el Noveno, el Décimo y el Undécimo Circuito se pusieron del lado de los inmigrantes detenidos. El Séptimo Circuito emitió un fallo dividido que favoreció a los inmigrantes, pero sin un acuerdo total sobre el razonamiento.

Este tipo de desacuerdo no resuelto entre cortes es exactamente el tipo de asunto que la Corte Suprema suele decidir tomar. La Corte Suprema tocó parte de esta pregunta en Jennings v. Rodriguez (2018), donde dijo que la § 1225 se aplica “principalmente” a las personas en la frontera, pero no resolvió la pregunta específica que está en juego aquí, sobre personas arrestadas bien adentro del país.

Por qué esto importa más allá de la sala del tribunal

Este fallo llega en un momento de creciente aplicación de las leyes de inmigración dentro del país, incluido el reciente aumento de arrestos de ICE en aeropuertos. En el fondo, este caso trata sobre una pregunta básica: ¿las personas arrestadas lejos de la frontera tienen la oportunidad de pedir su liberación mientras se decide su caso, o pueden ser retenidas sin ninguna opción de fianza?

Las reacciones han seguido líneas predecibles. Los grupos de defensa de los inmigrantes y los abogados de los demandantes —incluidos el Northwest Immigrant Rights Project y la ACLU— calificaron el fallo como una victoria que confirma décadas de práctica habitual. Comentaristas conservadores criticaron la decisión como otro ejemplo del Noveno Circuito obstaculizando los esfuerzos de aplicación de la ley del gobierno. A menos que la Corte Suprema intervenga para resolver el desacuerdo, la regla que se aplique a una persona arrestada dentro del país podría depender simplemente de en qué parte del país fue arrestada.

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Aviso legal: Este artículo tiene únicamente fines informativos generales. No constituye asesoramiento jurídico y su lectura no establece una relación abogado-cliente. Las leyes de inmigración cambian rápidamente y su aplicación depende de los hechos de cada caso. Por favor, consulte a un abogado de inmigración cualificado sobre su situación antes de tomar cualquier decisión.